La organización Redes Ayuda aseguró que hasta la fecha existen 93 bloqueos digitales a causa de la censura impuesta por el régimen de Nicolás Maduro a los medios de comunicación 2.0
El bloqueo de diferentes páginas web también ha afectado a Venepress, ya que el portal www.venepress.com se encuentra bloqueado al tratar de ingresar a través de la empresa estatal, es por ello que recomendamos a nuestros lectores utilizar VPN.
Durante el 2019 se han vivido varios apagones en el país, lo que ha generado que la población nacional se haya encontrado sin conexión desde un 74% hasta un 98%, teniendo el pico más alto el pasado siete de marzo.
Por su parte, el director de la organización, Melanio Escobar, aseguró que no solo es la administración de Maduro la que se encuentra detrás de la censura telecomunicacional que existe en Venezuela.
La organización subrayó la sugerencia de cuatro opciones para sortear la censura digital de Cantv, siendo el uso de un servidor proxy, algún VPN, utilizar DNS distintos a los de la empresa estatal o navegar utilizando TOR.
El despido de un trabajador del Metro de Caracas por publicar en su cuenta de Facebook que su quincena no le alcanzaba para comprar detergente para lavar su uniforme, el hackeo a páginas web de medios digitales como Runrunes y El Pitazo, aunado al hostigamiento a trabajadores de la prensa se evidenciaron en más de 40 casos durante el año 2018, según publicó la ONG Redes Ayuda, en su informe “Dictadura 2.0”.
“En el año 2017 en un contexto de protestas se registraron 23 casos en el que se violó la libertad de expresión. Sin embargo, en 2018 incrementó un 87% con 43 casos. No importa lo que pase, lo importante es que no se sepa», apuntó Andrellys Ramírez, activista de Redes Ayuda.
La organización documentó 14 bloqueos arbitrarios como mecanismo para que la ciudadanía no se mantenga informada, además de la interrupción de la herramienta The Onion Router (TOR). Asimismo, reveló la ONG que por medio de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) el Estado bloqueó el acceso a cuentas bancarias a través de la Red Privada Virtual (VPN) dentro y fuera del territorio nacional.
Ramírez señaló que el Internet en Venezuela se posiciona alrededor de 1.61. Mbps, una cifra catalogada como la más baja en América Latina por el servicio de datos MLAB y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).»Ante la precariedad de conexión de los diferentes proveedores de este servicio, los usuarios han denunciado la falta de atención y exigido la recuperación del servicio, puesto que han manifestado estar sin Internet por períodos de tiempo muy prolongados», dice el informe.
Según Redes Ayuda se ha desarrollado el proyecto de “ejército de trolls” que especifica los tipos de escuadra como progobierno, opositores, neutros distracción y fake news. Para reforzar el control y la vigilancia en los medios de comunicación digitales, este proyecto incluye 500 cuentas falsas, destinadas a difundir información confusa y ficticia, distribuidas de la siguiente forma: 100 “Chavistas”, 100 “Neutras”, 100 “Mujeres sexys”, 100 “Flamer”, 100 “Noticias”.
Casos resaltantes
-Luego de la publicación del reportaje sobre las cajas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Twitter a través de la cuenta @pepepragavzlase emitieron distintos tweets en los cuales los periodistas recibieron amenazas. Actualmente, los mismos se encuentran fuera del país, aunque siguen realizando periodismo para Armando.info.
-El pasado 15 de enero de 2018 fueron hackeadas las redes sociales de Capitolio TV (Instagram, Twitter, Facebook y YouTube) que servían como un canal informativo de la Asamblea Nacional. De acuerdo con un comunicado, esta acción hizo que más de 120 mil suscriptores no pudieran informarse sobre los acontecimientos en las sesiones parlamentarias.
–Bloqueo a medios digitales como Runrunes, El Pitazo, Vendata, Punto de Corte, Crónica Uno, Convite, La Cabilla, La Patilla, El Nacional Web, Caraota Digital, Noticia Al Día, Prensa Presidencial y Tal Cual Digital.
-El consultor jurídico de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Alexis Chacón, firmó un comunicado emitido el 22 de febrero el cual establece que los trabajadores de la empresa no pueden seguir cuentas que no estén autorizadas por la Corporación: “Queda terminantemente prohibido usar, y seguir a personas en las redes sociales, (Twitter, Facebook o cualquier otra) salvo las únicas autorizadas por la Corporación como de carácter oficial”.
-La Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Venezuela (Conatel) inició el pasado 22 de mayo un procedimiento sancionatorio contra El Nacional Web por presuntamente ir contra la establecido en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y el artículo 14 de la Ley Constitucional Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia por “difundir mensajes que desconocen a las autoridades legítimamente constituidas”.
Melanio Escobar, director de Redes Ayuda, presentó el informe público anual 2018 «Dictadura 2.0»
Vencer la censura
Luis Serrano, coordinador de Redes Ayuda, apuntó que las mejores herramientas para evadir la censura son Proxy, VPN, TOR o a través del cambio del DNS en el router y en la computadora por medio de Intra. Algunos de los recomendados fueron: Lantern, Psiphon y TunnelBear.
Luis Serrano, coordinador de Redes Ayuda durante la presentación del informe
La ONG aseguró en el documento que seguirá concientizando a la ciudadanía sobre la importancia del ejercicio de los derechos digitales en libertad, además de promover prácticas en cuanto a un contexto digital, por seguridad y privacidad, además del uso de las herramientas para esquivar la censura.
Organizaciones de sociedad civil y activistas por la libertad en internet rechazan planes de regulación de redes sociales en Venezuela. A través de una carta abierta, más de 40 organizaciones expresan su preocupación por nuevos planes de ley que podrían afectar el uso de internet como medio para libertad de expresión en el país vecino.
La carta, liderada por la ong de derechos digitales Access Now y otros colectivos digitales como Derechos Digitales, Venezuela Inteligente e Internet Society en Venezuela, entre otros, muestra la preocupación del sector frente a un anteproyecto de ley constitucional, denominado Anteproyecto del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela. El plan regulatorio fue filtrado a medios de comunicación y organizaciones sociales antes de ser presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente.
Según Access Now, el proyecto filtrado tenía como objetivo ser aprobado este enero y hace parte de una serie de medidas orientadas al control de la libertad de expresión y al acceso a la información en internet. En 2010, una ley modificó la responsabilidad de radio, televisión y medios electrónicos, la ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, que vio la luz finalmente a mediados del 2018.
El anteproyecto filtrado, ‘Ley Constitucional del Ciberespacio’, «justifica y expande aún más los poderes del gobierno para controlar y vigilar el uso de internet sin contrapesos institucionales, lo cual representa una grave amenaza a los derechos humanos de la ciudadanía venezolana».
Según las organizaciones sociales la propuesta del Gobierno crearía un sistema nacional de ciberdefensa, bajo los principios de una ‘defensa integral de la Nación’. El documento tendría una definición «vaga» sobre el Ciberespacio lo que «puede provocar que los venezolanos queden limitados a una red controlada, aislada y fragmentada».
Según Verónica Arroyo, investigadora de Access Now, esto es un claro reflejo de la situación política, social y económica en el país. «Se puede ver una tendencia desde la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en 2004 hasta Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en 2017 a censurar y controlar cada vez más el contenido en los medios de comunicación incluyendo el internet», explica.
De acuerdo con Arroyo, este proyecto le ordena a los proveedores de servicio de difusión de mensajería (que pueden incluir redes sociales y mensajería instantánea como WhatsApp) a censurar, denunciar, y prevenir la difusión de información que atenten contra, por ejemplo, “la desestabilización económica, política, social de la Nación» y les pide que provean a la autoridad del Ciberespacio de los registros, resultados de monitoreo, acceso y control de usuarios infractores.
«El Gobierno quiere no sólo el total apoyo de los proveedores de servicio, sino también poder tener acceso y control del contenido y los usuarios. Esto puede significar que el gobierno pida romper o rompa el cifrado cuando lo estime conveniente», argumenta la investigadora.Disposiciones desproporcionadas
El anteproyecto, calificado por las organizaciones como «una grave amenaza a los derechos fundamentales de todos los venezolanos y las venezolanas», impondría por ejemplo el «deber ciudadano de denunciar situaciones irregulares que pongan en riesgo o afecten el uso y acceso legal al Ciberespacio, la paz interna, el orden político, económico, social y/o el bien común en general», propuesta correspondiente al artículo 24 del proyecto.
Para las organizaciones sociales, las medidas «violan derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, el derecho a participar en asuntos públicos y la protección de los datos personales». El texto parte de un «desconocimiento de que el Estado venezolano es el garante de los derechos humanos fundamentales de todos los ciudadanos y ubica erróneamente al usuario como responsable de la seguridad en el Ciberespacio», como interpretan el artículo 13 del proyecto filtrado.
Según la carta abierta, el concepto de ‘terrorismo’ dentro del proyecto queda contemplado como cualquier actividad realizada en internet o a través de ella, que pueda “causar terror” o “desestabilización económica, política o social”, que permitiría sanciones.
Según los artículos 18, 19 y 23, la propuesta otorga acceso a información almacenada por entidades públicos y privados cuando las autoridades solicite dichos datos por razones de “defensa y seguridad”, “orden interno” y “protección de los derechos e intereses ciudadanos”. Además da poder a las autoridades estatales de monitorear todos los datos que fluyan a través de cualquier servicio de telecomunicaciones, como indica el artículo 25.
Uno de los punto más críticos es el concepto de ‘seguridad del contenido’, que legitimaría acciones preventivas para ‘contrarrestar el odio’ en internet (Arts. 10 y 11), algo que podría ser utilizado para la censura previa de contenidos. Establece que los titulares de datos, proveedores de servicios y usuarios deben, bajo solicitud, brindar acceso a la autoridad a todo “recurso tecnológico” que tengan y la obligación de cederlo (Art. 24).
Las organizaciones realizaron un llamado de alerta a la comunidad internacional y al respeto de los derechos humanos. «Nos oponemos a la aprobación de este proyecto (…) la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido puesta en duda por instituciones venezolanas e internacionales».
El director de Redes Ayuda, Melanio Escobar, guía en la descarga y uso de la aplicación Intra app works, creada por el departamento de la sociedad civil de Google, que tiene como fin evadir la censura a la que el régimen nos somete.
La aplicación ayuda a que los venezolanos puedan ingresar a páginas bloqueadas por DNS, una practica utilizada por el Estado venezolano para restringir el acceso a la información.
La interfaz es lo suficientemente sencilla para que cualquiera la pueda utilizar.
La organización no gubernamental ‘Redes Ayuda’ presentó su Informe Público 2018, en torno a la censura en Venezuela en el que hace un “registro y estudio de los sucesos que vulneran, restringen y criminalizan la libertad de expresión desde Internet en Venezuela durante 2018”.
Entre los datos que expone el informe está que, en 2018 la censura se incrementó en Venezuela 87%, en comparación con 2017.
La presentación del informe estuvo a cargo de Melanio Escobar, Director de Redes Ayuda; Luis Serrano, coordinador de la ONG; y la activista de seguridad digital Andreyllys Ramírez.
Para 2017, año de protestas que se extendieron por más de cuatro meses, ‘Redes Ayuda’ registró 23 casos de censura y para 2018 hubo unos 43 casos.
Estos 43 casos de censura se dividen en 14 bloqueos a páginas web de noticias, 4 hackeos a perfiles en redes sociales, 9 ataques cibernéticos, 7 casos de autocensura, 7 imputaciones y 2 casos de hostigamiento.
Durante 2019, ‘Redes Ayuda’ ha contabilizado más de 90 bloqueos a redes sociales y servicios de comunicación: YouTube 28, servicios de Google 18, Bing 13, Periscope 11, Facebook 4, Instagram 3, Twitter 3 y Android 3.
Otro dato que incluye la investigación es que, durante los apagones, 98% del país quedó sin conexión a Internet.
Entre otros de los casos que menciona ‘Redes Ayuda’ están el despido de un trabajador del Metro de Caracas, por expresar su descontento con su salario a través de redes sociales; el control a las redes sociales de los empleados de Pdvsa; las menciones del primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, a periodistas durante su programa Con el Mazo Dando; la prohibición de Conatel a ‘Armando Info’ de publicar información sobre Alex Saab y hackeo a los perfiles de Capitolio TV, Rayma, Sebastiana Barráez y el ‘Politigato’.
El informe de ‘Redes Ayuda’ también recuerda que, el acceso al Internet es un Derecho Humano desde 2012 y que en Venezuela no está siendo garantizado por el Estado, debido a la baja calidad de la conexión que es de 1.61 Mbps, la cifra más baja de la región, según ‘Redes Ayuda’.
Durante la presentación del informe, la ONG recordó al reportero gráfico Jesús Medina y pidió enviarle mensajes de apoyo. Medina se encuentra preso en Ramo Verde por presunta legitimación de capitales, asociación para delinquir, instigación al odio y obtención de lucro ilegal contra actos de la administración pública.
