La reciente visita de una misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Argentina, para constatar las condiciones de privación de libertad de la activista Milagro Sala, reitera la importancia de los organismos internacionales en la vigilancia de los compromisos en Derechos Humanos asumidos por los Estados. Sin embargo, el Estado venezolano se ha negado desde el año 2002 a recibir visitas de los órganos de la OEA y Naciones Unidas para recopilar información sobre las diferentes denuncias de violación a los derechos humanos en el país.
El pasado 16 de junio, tras una invitación del Estado argentino, la CIDH pudo visitar en su sitio de reclusión a la activista Milagro Sala, detenida de manera arbitraria y sometida a un proceso judicial irregular, que la condenó a 3 años de prisión, según denunció Amnistía Internacional y organizaciones argentinas en Derechos Humanos. La CIDH recibió la solicitud de medida cautelar para Sala, por lo que gestionó, dentro del marco de sus atribuciones, la posibilidad de visitar a la líder comunitaria para obtener mayor información y constatar sus condiciones de privación de libertad. A la visita acudieron el presidente de la CIDH, relator para los países Argentina, Uruguay y Venezuela, Francisco Eguiguren, así como la relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño. Tras la visita la CIDH se pronunciará sobre el caso el próximo mes de julio.
Milagro Sala ha sido visibilizada por las organizaciones de DDHH argentinas como ejemplo de la política de criminalización de la protesta y persecución política promovida por el gobierno de Mauricio Macri. La visita de la CIDH a Sala reitera que las acusaciones de “injerencismo” y “vulneración de la soberanía” carecen de asidero para impedir el monitoreo a los países por parte de los organismos internacionales de derechos humanos.
Desde el año 2002 el Estado venezolano se ha negado a permitir la visita al país de los organismos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos con competencia en derechos humanos. El pasado mes de mayo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, recordó que han solicitado insistentemente la posibilidad que los relatores de Naciones Unidas puedan visitar a Venezuela, petición que ha sido negada en todas las oportunidades. La propia CIDH ha reiterado su deseo de poder visitar al país para reunirse con todos los sectores para conocer directamente la situación, lo cual ha sido negado por los representantes del Estado. El gobierno de Macri, denunciado como arbitrario por distintas expresiones del movimiento de derechos humanos de la región, ha permitido la visita de la CIDH. El gobierno de Nicolás Maduro, con gravísimas denuncias, se rehúsa a hacerlo.
En el pasado, como en el presente la CIDH ha jugado un papel importante en la promoción y defensa de los derechos humanos ante gobiernos diversos de la región. Sus visitas in loco y medidas cautelares han contribuido a salvar la vida o garantizar la libertad e integridad de cientos de líderes sociales del continente. Su visita en el año 1999 al Perú para constatar las denuncias realizadas contra el gobierno de Alberto Fujimori que había llegado al poder mediante las elecciones, pero que también se había convertido en una dictadura, recuerda la importancia de promover estos mecanismos a pesar de las circunstancias más difíciles.
Por esta razón las organizaciones sociales y no gubernamentales que firmamos el presente comunicado, exigimos que cualquier mecanismo de negociación que sea implementado para canalizar la crisis venezolana, incorpore la visita de los organismos internacionales con competencia en derechos humanos. De esta manera puedan obtener la información necesaria para constatar las diferentes denuncias sobre violación de derechos humanos, mediante reuniones con los diferentes sectores del país, y constatar las condiciones de privación de libertad de los presos políticos.
