Comienzo la columna de esta semana con la frase de Laboratorio de Paz, una ONG que entre varias cosas trata el tema de la militarización de la sociedad venezolana. Esto es un problema que cada vez se hace más arbitrario y poderoso debido a que pareciera que el Ejecutivo no tiene ningún tipo de control sobre la Fuerzas Armada Nacional, a decir verdad, lo que pareciera es que el presidente Maduro responde órdenes directas del alto mando militar. El comité de Derechos Humanos de la ONU ya ha hablado de esto con anterioridad, en su informe del año pasado criticó fuertemente que el Estado venezolano utilizara jurisdicción militar para juzgar a civiles. En ese mismo informe le recomendó que eliminara las posibilidades de que esto sucediera, obviamente ante los acontecimientos actuales se hace evidente que nuevamente el Estado hace caso omiso a este tipo de recomendaciones, y que el defensor del pueblo no se pronuncia alto y claro ante estas violaciones a los derechos humanos.
Para dejar en claro de qué hablo, toco el tema que está en las redes sociales y del cual aun no se tiene mucha claridad debido a las irregularidades que le rodean; sobre los 3 profesionales de la comunicación que están por enfrentar un juicio militar por producir un video para el partido político Primero Justicia en el cual se muestra a un sujeto vestido de Guardia Nacional recibiendo mensajes en su celular proveniente de su hija donde le habla sobre la crisis que vivimos todos los venezolanos, esto justo cuando el militar se encuentra enfrente de una manifestación pacífica. A modo personal, me pareció una excelente pieza audiovisual que para nada incita a la insubordinación, en cambio muestra que, tristemente son más los puntos que nos unen que los que nos separan y que es momento de buscar un factor de cambio favorable para todas y todos. El Gobierno, y más aún el mando militar, no lo ve así. Es por esto que, apoyados en el Sebin han comenzado la cacería de estos jóvenes.
El servicio de inteligencia ha servido de brazo verdugo de la ira militar, tomándose atribuciones que son del Ministerio Público, como el hecho de tomar declaraciones, intentar ejecutar arrestos sin orden judicial física y firmada, en fin, si el Estado pretende permitir que a los civiles se nos trate como militares, nos están sometiendo a la militarización de ámbitos netamente civiles dónde no se puede responder a una lógica jerárquica, dónde no hay espacio para la crítica o la disidencia, la política y las ideas no pueden responder a seguir ordenes, no pueden estar sometidos al respeto del superior, eso es autoritarismo. Con estas actitudes estamos siendo sometidos a una dictadura de facto. Como sociedad, no nos queda más en estos casos, que alzar nuestra voz y exigirle al presidente de la República que haga respetar la Constitución, al defensor del pueblo que hable por nuestros derechos humanos y al resto del mundo decirle que a Venezuela la quieren convertir en un cuartel, lo cual, no vamos a permitir.
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