Organizaciones de sociedad civil y activistas por la libertad en internet rechazan planes de regulación de redes sociales en Venezuela. A través de una carta abierta, más de 40 organizaciones expresan su preocupación por nuevos planes de ley que podrían afectar el uso de internet como medio para libertad de expresión en el país vecino.
La carta, liderada por la ong de derechos digitales Access Now y otros colectivos digitales como Derechos Digitales, Venezuela Inteligente e Internet Society en Venezuela, entre otros, muestra la preocupación del sector frente a un anteproyecto de ley constitucional, denominado Anteproyecto del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela. El plan regulatorio fue filtrado a medios de comunicación y organizaciones sociales antes de ser presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente.
Según Access Now, el proyecto filtrado tenía como objetivo ser aprobado este enero y hace parte de una serie de medidas orientadas al control de la libertad de expresión y al acceso a la información en internet. En 2010, una ley modificó la responsabilidad de radio, televisión y medios electrónicos, la ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, que vio la luz finalmente a mediados del 2018.
En los meses pasados, en Venezuela se bloquearon sitios de noticias y el acceso a la red Tor, de navegación alternativa, que permite la conexión anónima a internet. El pasado 12 de enero, Wikipedia fue bloqueada por el proveedor de internet del Estado (CANTV).
El anteproyecto filtrado, ‘Ley Constitucional del Ciberespacio’, «justifica y expande aún más los poderes del gobierno para controlar y vigilar el uso de internet sin contrapesos institucionales, lo cual representa una grave amenaza a los derechos humanos de la ciudadanía venezolana».
Según las organizaciones sociales la propuesta del Gobierno crearía un sistema nacional de ciberdefensa, bajo los principios de una ‘defensa integral de la Nación’. El documento tendría una definición «vaga» sobre el Ciberespacio lo que «puede provocar que los venezolanos queden limitados a una red controlada, aislada y fragmentada».
Según Verónica Arroyo, investigadora de Access Now, esto es un claro reflejo de la situación política, social y económica en el país. «Se puede ver una tendencia desde la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en 2004 hasta Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en 2017 a censurar y controlar cada vez más el contenido en los medios de comunicación incluyendo el internet», explica.
De acuerdo con Arroyo, este proyecto le ordena a los proveedores de servicio de difusión de mensajería (que pueden incluir redes sociales y mensajería instantánea como WhatsApp) a censurar, denunciar, y prevenir la difusión de información que atenten contra, por ejemplo, “la desestabilización económica, política, social de la Nación» y les pide que provean a la autoridad del Ciberespacio de los registros, resultados de monitoreo, acceso y control de usuarios infractores.
«El Gobierno quiere no sólo el total apoyo de los proveedores de servicio, sino también poder tener acceso y control del contenido y los usuarios. Esto puede significar que el gobierno pida romper o rompa el cifrado cuando lo estime conveniente», argumenta la investigadora.Disposiciones desproporcionadas
El anteproyecto, calificado por las organizaciones como «una grave amenaza a los derechos fundamentales de todos los venezolanos y las venezolanas», impondría por ejemplo el «deber ciudadano de denunciar situaciones irregulares que pongan en riesgo o afecten el uso y acceso legal al Ciberespacio, la paz interna, el orden político, económico, social y/o el bien común en general», propuesta correspondiente al artículo 24 del proyecto.
Para las organizaciones sociales, las medidas «violan derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, el derecho a participar en asuntos públicos y la protección de los datos personales». El texto parte de un «desconocimiento de que el Estado venezolano es el garante de los derechos humanos fundamentales de todos los ciudadanos y ubica erróneamente al usuario como responsable de la seguridad en el Ciberespacio», como interpretan el artículo 13 del proyecto filtrado.
Según la carta abierta, el concepto de ‘terrorismo’ dentro del proyecto queda contemplado como cualquier actividad realizada en internet o a través de ella, que pueda “causar terror” o “desestabilización económica, política o social”, que permitiría sanciones.
Según los artículos 18, 19 y 23, la propuesta otorga acceso a información almacenada por entidades públicos y privados cuando las autoridades solicite dichos datos por razones de “defensa y seguridad”, “orden interno” y “protección de los derechos e intereses ciudadanos”. Además da poder a las autoridades estatales de monitorear todos los datos que fluyan a través de cualquier servicio de telecomunicaciones, como indica el artículo 25.
Uno de los punto más críticos es el concepto de ‘seguridad del contenido’, que legitimaría acciones preventivas para ‘contrarrestar el odio’ en internet (Arts. 10 y 11), algo que podría ser utilizado para la censura previa de contenidos.
Establece que los titulares de datos, proveedores de servicios y usuarios deben, bajo solicitud, brindar acceso a la autoridad a todo “recurso tecnológico” que tengan y la obligación de cederlo (Art. 24).
Las organizaciones realizaron un llamado de alerta a la comunidad internacional y al respeto de los derechos humanos. «Nos oponemos a la aprobación de este proyecto (…) la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido puesta en duda por instituciones venezolanas e internacionales».
