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  • Rechazo a plan que censuraría el internet en Venezuela

    Rechazo a plan que censuraría el internet en Venezuela
    Fuente: El Tiempo

    Organizaciones de sociedad civil y activistas por la libertad en internet rechazan planes de regulación de redes sociales en Venezuela. A través de una carta abierta, más de 40 organizaciones expresan su preocupación por nuevos planes de ley que podrían afectar el uso de internet como medio para libertad de expresión en el país vecino.

    La carta, liderada por la ong de derechos digitales Access Now y otros colectivos digitales como Derechos Digitales, Venezuela Inteligente e Internet Society en Venezuela, entre otros, muestra la preocupación del sector frente a un anteproyecto de ley constitucional, denominado Anteproyecto del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela. El plan regulatorio fue filtrado a medios de comunicación y organizaciones sociales antes de ser presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente.

    Según Access Now, el proyecto filtrado tenía como objetivo ser aprobado este enero y hace parte de una serie de medidas orientadas al control de la libertad de expresión y al acceso a la información en internet. En 2010, una ley modificó la responsabilidad de radio, televisión y medios electrónicos, la ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, que vio la luz finalmente a mediados del 2018. 

    En los meses pasados, en Venezuela se bloquearon sitios de noticias y el acceso a la red Tor, de navegación alternativa, que permite la conexión anónima a internet. El pasado 12 de enero, Wikipedia fue bloqueada por el proveedor de internet del Estado (CANTV).

    El anteproyecto filtrado, ‘Ley Constitucional del Ciberespacio’, «justifica y expande aún más los poderes del gobierno para controlar y vigilar el uso de internet sin contrapesos institucionales, lo cual representa una grave amenaza a los derechos humanos de la ciudadanía venezolana». 

    Según las organizaciones sociales la propuesta del Gobierno crearía un sistema nacional de ciberdefensa, bajo los principios de una ‘defensa integral de la Nación’. El documento tendría una definición «vaga» sobre el Ciberespacio lo que «puede provocar que los venezolanos queden limitados a una red controlada, aislada y fragmentada».

    Según Verónica Arroyo, investigadora de Access Now, esto es un claro reflejo de la situación política, social y económica en el país. «Se puede ver una tendencia desde la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en 2004 hasta Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en 2017 a censurar y controlar cada vez más el contenido en los medios de comunicación incluyendo el internet», explica.

    De acuerdo con Arroyo, este proyecto le ordena a los proveedores de servicio de difusión de mensajería (que pueden incluir redes sociales y mensajería instantánea como WhatsApp) a censurar, denunciar, y prevenir la difusión de información que atenten contra, por ejemplo, “la desestabilización económica, política, social de la Nación» y les pide que provean a la autoridad del Ciberespacio de los registros, resultados de monitoreo, acceso y control de usuarios infractores.

    «El Gobierno quiere no sólo el total apoyo de los proveedores de servicio, sino también poder tener acceso y control del contenido y los usuarios. Esto puede significar que el gobierno pida romper o rompa el cifrado cuando lo estime conveniente», argumenta la investigadora.Disposiciones desproporcionadas

    El anteproyecto, calificado por las organizaciones como «una grave amenaza a los derechos fundamentales de todos los venezolanos y las venezolanas», impondría por ejemplo el «deber ciudadano de denunciar situaciones irregulares que pongan en riesgo o afecten el uso y acceso legal al Ciberespacio, la paz interna, el orden político, económico, social y/o el bien común en general», propuesta correspondiente al artículo 24 del proyecto.

    Para las organizaciones sociales, las medidas «violan derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, el derecho a participar en asuntos públicos y la protección de los datos personales». El texto parte de un «desconocimiento de que el Estado venezolano es el garante de los derechos humanos fundamentales de todos los ciudadanos y ubica erróneamente al usuario como responsable de la seguridad en el Ciberespacio», como interpretan el artículo 13 del proyecto filtrado.

    Según la carta abierta, el concepto de ‘terrorismo’ dentro del proyecto queda contemplado como cualquier actividad realizada en internet o a través de ella, que pueda “causar terror” o “desestabilización económica, política o social”, que permitiría sanciones.

    Según los artículos 18, 19 y 23, la propuesta otorga acceso a información almacenada por entidades públicos y privados cuando las autoridades solicite dichos datos por razones de “defensa y seguridad”, “orden interno” y “protección de los derechos e intereses ciudadanos”. Además da poder a las autoridades estatales de monitorear todos los datos que fluyan a través de cualquier servicio de telecomunicaciones, como indica el artículo 25.

    Uno de los punto más críticos es el concepto de ‘seguridad del contenido’, que legitimaría acciones preventivas para ‘contrarrestar el odio’ en internet (Arts. 10 y 11), algo que podría ser utilizado para la censura previa de contenidos. 
    Establece que los titulares de datos, proveedores de servicios y usuarios deben, bajo solicitud, brindar acceso a la autoridad a todo “recurso tecnológico” que tengan y la obligación de cederlo (Art. 24).

    Las organizaciones realizaron un llamado de alerta a la comunidad internacional y al respeto de los derechos humanos. «Nos oponemos a la aprobación de este proyecto (…) la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido puesta en duda por instituciones venezolanas e internacionales». 

  • Internet, el salvavidas de la asediada prensa en Venezuela ante la escasez de papel

    Internet, el salvavidas de la asediada prensa en Venezuela ante la escasez de papel
    Fuente: The World News

    Caracas. La falta de papel, el colapso económico del país y una alegada política de acoso del gobierno aceleraron la migración de los diarios de Venezuela a Internet. Han logrado mantenerse, pero tienen un duro camino por delante para sobrevivir.

    «Era un rumbo del cual no nos íbamos a escapar», dijo a la AFP Jorge Makriniotis, gerente de El Nacional, fundado hace 75 años y que sacó su última edición en papel el pasado 13 de diciembre.

    Este rotativo imprimía tradicionalmente 72 páginas en cinco cuerpos diarios, pero desde 2013 redujo progresivamente su número de páginas hasta llegar a 16.

    En 2013, el Estado creó una compañía que concentró la importación y distribución de papel, una medida que para Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, generó «dinámicas discriminatorias» al priorizar a los medios de línea oficialista.

    Si bien el paso de los diarios a la web es una tendencia global, en Venezuela ese monopolio precipitó el salto. Desde su implantación, 58 diarios dejaron de circular, según Correa.

    «Jamás hubo respuesta oficial» a los reclamos de la prensa, explica a la AFP la directora de El Impulso, Gisela Carmona, un periódico centenario del estado Lara (noroeste) que salió de las calles en febrero de 2018 tras un año sin recibir papel.

    En su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la ONU señaló que en los últimos años «el gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional con su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes».

    Con una inversión que supera el millón de dólares, El Nacional apuesta todo a la web. El anterior «modelo de negocio no es rentable», agrega Makriniotis, en una economía cuyo tamaño se redujo 50% desde 2013 y en hiperinflación.

    Aunque el paso a internet estaba en marcha, los periódicos mermaron por una «política sistemática» de asfixia, denuncia el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, mayor organización de periodistas del país. Decenas de radios y televisoras también cerraron.

    El Nacional perdió en 2018 una demanda presentada por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, por publicar reportes de medios españoles que lo acusaban de narcotráfico. La indemnización no ha sido fijada.

    Makriniotis sostiene que, en pleno asedio, las pautas comerciales cayeron hasta desaparecer. Según la privada Conindustria, el 80% de las empresas cerraron en Venezuela en las últimas dos décadas.

    Cuando abrió su quiosco hace 18 años en Caracas, Carminda Márquez vendía decenas de diarios y otras publicaciones. Despachaba unos 80 periódicos diarios.

    «Vendo tres o cuatro ahorita», se lamenta Carminda, de 80 años, con una oferta reducida a unas pocas cabeceras, en su mayoría oficialistas.

    El diario regional Panorama (Zulia, noroeste) dejó de imprimirse el 14 de mayo durante una «tormenta perfecta» de masivos apagones, cuenta a la AFP su directora editorial, María Inés Delgado.

    Iluminada con una planta eléctrica, la que fuera una ajetreada redacción se vació con la renuncia de trabajadores que migraron por la crisis. «Reemplazaba uno y se iba otro», relata Delgado.

    Panorama migró a la web con un portal que aún no es rentable, apunta la directora, tras desaparecer los avisos, su principal soporte.

    Medios como El Impulso se sostienen con banners publicitarios del extranjero, refiere su directora.

    Los medios digitales, que intentan llegar a más gente y monetizar sus contenidos, enfrentan otros obstáculos de carácter tecnológico.

    Venezuela, antaño vanguardia en Latinoamérica, es el segundo país con menor velocidad de conexión de banda ancha en la región, según el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys). Solo en Paraguay es más lenta.

    En un país con tarifas controladas, las empresas de telefonía afrontan serios problemas para mantener sus redes.

    Además, los suscriptores de telefonía con celulares inteligentes cayeron de 13,2 millones en 2015 a 12 millones en 2018, según la estatal Conatel.

    La penetración de internet se mantenía en el 60% en 2018, de acuerdo con la ONG Freedom House.

    En ese contexto, medios como El Pitazo, ganador del premio Ortega y Gasset de Periodismo (2019), de España, buscan recursos mediante crowdfundings (financiamiento con donaciones) y postulando proyectos de investigación ante organizaciones internacionales.

    «En 2017 hicimos un crowdfunding que nos dio recursos para sostenernos», comenta a la AFP su director, César Batiz.

    Como otras páginas web informativas, El Pitazo ha sufrido ataques cibernéticos, incluyendo cuatro dominios bloqueados. De 110.000 visitas diarias antes del primer bloqueo en 2017, ahora roza las 52.000, 65% fuera del país.

    «Las personas no están recibiendo información», resume Melanio Escobar, director de la ONG Redes Ayuda.

  • A bill in Venezuela seeks to give the government absolute control over the internet

    A bill in Venezuela seeks to give the government absolute control over the internet
    Fuente: Access Now

    On January 14th, we received news about a proposed cybersecurity bill in Venezuela that puts the digital rights of Venezuelans — and the entire internet in the country — in jeopardy. The news came just two days after NetBlocks reported that Wikipedia was blocked by the public telecommunications company (CANTV).

    A “Venezuelan cyberspace”?

    This Monday, news leaked that the government is about to introduce a bill to the Constituent National Assembly (ANC), a legislative body organized by the Maduro government and whose legitimacy is disputed. The proposal — called the Constitutional Law of Cyberspace of the Bolivarian Republic of Venezuela — declares Venezuelan sovereignty over cyberspace, stating that its use in any form is a matter of public and strategic interest impacting the “integral defense” of the nation. In order to establish “internal peace” and “political order,” the bill proposes the creation of an all-powerful authority to manage and control the internet in Venezuela.

    The bill puts forward rules that are in clear violation of human rights. For example, it would require messaging service providers to censor content without a prior judicial order or respect for minimum guarantees for due process. Additionally, it introduces the dangerous concept of “content security” to legitimize tools, policies, rules, and “preventive actions” to “counteract hate” on the internet. It would also establish discretional control over vaguely defined “critical infrastructure,” opening up channels for further abuse.

    If Venezuela’s Constituent Assembly passes the bill, the Maduro government will have more tools than ever before to censor and control every aspect of the internet in Venezuela.

    The digital rights context in Venezuela

    The social, economic, and political situation in Venezuela is not getting any better. Neither is the status of human rights in the country or the situation of freedom expression and privacy online. Access Now has been investigating and reporting on incidents related to digital rights in the country in recent years that highlight moves toward a tighter control of the internet.

    Censorship: In May 2017 the government issued Executive Order 2489, which extended the “state of emergency” and authorized the government to police the internet and filter content. This measure further deteriorated the situation traditional media already faced under a 2004 law on media responsibility (Ley Resorte) flagged by critics as a government censorship tool. In response the 2017 Executive Order, Access Now and 23 other civil society organizations released a joint letter expressing our concern and demanding the government of Nicolas Maduro to respect human rights.

    Later that year, the Venezuelan Constituent Assembly (whose legitimacy has been questioned by international entities) approved the Anti-hate Law for Tolerance and Peaceful Coexistence. According to this law, anyone promoting hate or violence publicly (including on social media) could be sent to prison for up to 20 years. The enforcement of this law has lead to many actions from the government that go against the right to freedom of expression and information.

    In June 2018, the public internet service provider (CANTV) blocked the TOR network, a tool used to browse anonymously. Venezuelans rely on virtual private networks (VPNs) and the TOR network to stay anonymous and safe online, in a context of political oppression against the press and political opposition. Further, this kind of blocking of an entire and important platform constitutes an internet shutdown, according to the #KeepItOn coalition.

    As of January 12th, Venezuelans also now cannot access Wikipedia. This is just one more case that adds to the list of blocked and censors websites in the country.

    Old and neglected internet infrastructure: In July 2017, Access Now reported connectivity disruptions in Venezuela in the lead-up to the Constituent Assembly elections. There were two possible causes for the disruptions: either the Maduro government intentionally throttled internet access (as it had done before), or the network infrastructure collapsed due to an extensive lack of maintenance. This last scenario seems likely due to the economic crisis. The government has neglected to invest in connectivity for many years, and Venezuelans are paying the price.

    Attacks to civil society: Access Now’s Digital Security Helpline identified a new type of attack against activists in Venezuela in 2017. The Doubleswitch attack, as we called it, targeted activists and journalists to steal social media credentials and replace their public handles in order to impersonate them.

    Take action to help us stop this bill

    Together with the organization Derechos Digitales and Venezuelan activists, we analyzed the proposal and wrote a letter to demand the rejection of the newly proposed cybersecurity bill. We also call upon international entities to stay alert and express their rejection of the draconian measures intended to control what’s left of the free and open internet in Venezuela.