Despues de dibujar una cartulina con la palabra «Libertad» en letras amarillas, azules y rojas, Geraldine Moreno bajó de su departamento y con cuatro amigos se quedaron en la vereda, frente a su edificio, sumándose al resto de los vecinos del barrio que habían salido a las calles de Naguanagua, un municipio tres horas al oeste de Caracas. Eran las 8 de la noche del 19 de febrero y estaban protestando, como en el resto de las ciudades de Venezuela, contra la inseguridad, la inflación y el desabastecimiento de comida y medicamentos, cuando por la esquina apareció una brigada antimotines de la Guardia Nacional armada con gases lacrimógenos y escopetas con perdigones de goma y metal, disparando contra la gente.
La turba empezó a correr para resguardarse, pero mientras trataba de escapar, Geraldine se tropezó y cayó. El aire se había nublado por los gases y, cuando Geraldine se quiso levantar, un militar le disparó en la cara. Con la cara destrozada, la llevaron a un hospital donde la operaron dos veces, pero murió tres días después: la descarga del arma le había desprendido el cerebro y uno de sus globos oculares.
Geraldine tenía 23 años, estaba cursando quinto año de biología celular, entrenaba para jugar los clasificatorios de fútbol de salón de la Universidad Arturo Michelena y fue la segunda joven asesinada en el estado de Carabobo en menos de una semana. El 19 de febrero, Genesis Carmona, una chica de 22 años que estudiaba marketing y había sido elegida Miss Turismo Venezuela, había muerto de un disparo en la cabeza después de que una brigada motorizada de autodefensa del Gobierno -los denominados «circulos bolivarianos», formados para «hacer cumplir el plan de la patria»: más de 2,3 millones de civiles en el territorio venezolano, que la oposición asegura están armados- embistiera a balazos contra una concentración opositora. Desde su cuenta de Twitter, el gobernador Francisco Ameliach había llamado a que los partidarios del chavismo prepararan el «contraataque fulminante a los fascistas».
Desde entonces, en otras veintitrés ciudades venezolanas, miles de jóvenes universitarios salieron las calles a protestar contra la represión y una espiral de violencia que se había empezado a encender unos días antes en San Cristóbal, la capital del Táchira, una provincia a 800 kilómetros de Caracas, después de que intentaran violar a una chica en la Universidad de Los Andes el 12 de febrero. Sus compañeros habían salido a protestar contra la inseguridad y la policía los reprimió, llevándose detenidos a tres estudiantes por alteración del orden público. Al cierre de esta edición, ya sumaban 31 muertos según la Fiscalíia General y un número indeterminado de heridos. Se trata, en su mayoría, de estudiantes caídos por impacto de bala en enfrentamientos con los organismos de seguridad del Estado. Y la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello registró más de 1.600 detenciones desde el 12 de febrero: casi todos estudiantes, acusados de cargos como asociación para delinquir, conspiración y alteración del orden público. El periodista Melanio Escobar integra esa comisión y cuenta que cuando los jóvenes son aprehendidos, no los dejan comunicarse con un abogado o sus familias durante las primeras 48 horas, mientras aguardan quedar a la orden del Ministerio Público. La Comisión denunció treinta casos de torturas a estudiantes detenidos en las protestas y están verificando otros 170. «Tengo seis estudiantes sin respuesta procesal desde el 12 de febrero, que han sido arrodillados durante cinco horas, golpeados y bañados en gasolina para obligarlos a asumir responsabilidades», cuenta Escobar. Entre las denuncias de tortura hay una sobre un estudiante que fue violado con un rifle FAL por un Guardia Nacional.
Como en las revueltas de Medio Oriente, las redes sociales han tenido un rol fundamental en la crisis para la circulación de información. Los medios audiovisuales, en línea con el Gobierno, no cubren los hechos, de manera que Twitter y Facebook se han vuelto el único camino para difundir las informaciones. Y la respuesta del Gobierno ha sido bloquear intermitentemente, a través del proveedor estatal de internet, el acceso a sitios como Zello, TunnelBear, Twitter o Tuitpic. «A cada conspiración contra la patria, la respuesta será más radicalización de la revolución, declaró el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, en su programa Con el mazo dando, transmitido en el canal del Estado.
«No pedimos la renuncia del Presidente, sino medidas contra la inflación, seguridad en las universidades, cese de la represión y desarme de los grupos paramilitares», explica Juan Requesens, estudiante de Ciencia Política y presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central. «Seguiremos en la calle hasta que nos den respuestas, las muertes de nuestros compañeros en las protestas no quedarán impunes».
Pero el gobierno hasta ahora sólo ha reprimido y criminalizado las protestas. «La cárcel le espera a los fascistas que perturben la paz», declaró el presidente Nicolás Maduro tras los disturbios, y después acusó a la derecha de instigar su derrocamiento, aunque su partido controla el Poder Legislativo, el Judicial y, salvo en tres provincias, todos los gobernadores están de su lado.
El 13 de febrero, mientras varias universidades se unían a las protestas pidiendo la liberación de los estudiantes, la respuesta del gobierno fue militarizar San Cristóbal con tanques y efectivos armados. Sin embargo, ver hombres de verde en las calles no es raro en Venezuela. En el supermercado los militares requisan a la gente al entrar y, al salir, verifican que nadie haya comprado más de lo permitido.
Antes de su último viaje a Cuba, ya agonizante por su cáncer, Hugo Chávez se encargó de señalar a Maduro como su sucesor. Tras su muerte, el 5 de marzo de 2013, con el lema «Chávez, te lo juro, mi voto es para Maduro», su elegido ganó las elecciones presidenciales de abril por apenas el 1,49 por ciento de diferencia frente al opositor Henrique Capriles.
Y aunque Maduro trató de recrear la mística chavista diciendo que el ex presidente le había hablado a través de un pajarito, por ejemplo, la economía siguió descontrolándose. Durante los catorce años de Chávez en el poder, el precio del petroleo -casi el único recurso de producción naciona-l fluctuando alrededor de los 115 dólares por barril contuvo a una sociedad cuya ciento de los bienes de consumo. Sin embargo, desde que asumió Maduro, el erudo fue bajando su cotización y no se vende a más de 100 dólares, obligando al Gobierno a reducir las importaciones, llevando a la desaparición de insumos básicos como papel higiénico, leche, carne o azúcar. Además, la economía alcanzó precios inflacionarios sin precedentes en la historia de Venezuela: en enero del año pasado, un kilo de cebollas costaba 20 bolivares (3,2 dólares), a fines de marzo costaba 110.
El paisaje se completa con la expropiación de empresas privadas, el cierre de medios de comunicación criticos al chavismo -más de 48 frecuencias radiales que pasaron a manos amigas del Gobierno, o la compra de canales como Globovisión en 2013- y la inseguridad. Según cifras ocurrieron 24.763 homicidios sólo en 2013: unos 79 por cada 100 mil habitantes. Y el Ministerio de Interior y Justicia ha admitido que el 93 por ciento de los casos nunca se resuelven.
Víctor Alfonso, militante de la juventud del Partido Socialista Unido, dice que los opositores exageran. «Yo miro bien las razones de la protesta opositora y en Venezuela hay libertad de expresión, que ellos [los opositores] están ejerciendo con violencia, matando personas», sostiene. Y se pregunta por qué quienes hoy adversan a Maduro, no manifestaban cuando «había fosas comunes y [el ex presidente venezolano en 1974 y 1989] Carlos Andrés Pérez mandaba a retirar los periódicos que publicaban la cantidad de muertos».
En los últimos diez años, en Venezuela han ocurrido frecuentes movilizaciones en rechazo a la gestión chavista. De las más severas, las de 2007: cuando las calles se Ilenaron de gente para repudiar el cese de la concesión al canal RCTV. Antes, en abril de 2002, Chávez había sido victima de un golpe de Estado cuando -en pleno paro nacional- el entonces ministro de la Defensa, Lucas Rincón, anunció en cadena televisiva que «se le solicitó al Presidente la renuncia a su cargo, la cual aceptó» y los militares disidentes instalaron un Gobierno de facto encabezado por Pedro Carmona, dirigente empresarial en ese momento.
Y aunque Maduro ha acusado a los estudiantes que se manifiestan de ser partícipes de «un golpe de Estado en desarrollo», cada vez más sectores de la sociedad venezolana se han adherido a las protestas. «Músicos de todo el país están en los autobuses, en las plazas y donde haga falta, protestando sin violencia y buscando fortalecer el tejido social desde el campo cultural», dice Félix Allueva, representante del movimiento «Músicos en la calle», que salió a apoyarlos. Pero tal vez el caso más notable sea el de Horacio Blanco, frontman de Desorden Público, una mítica banda venezolana de ska, conocida por sus letras contestatarias desde que fue fundada en 1985. Aunque ha sido un aliado del chavismo y ha participado en shows organizados por el Gobierno, en los últimos días, en su cuenta de Twitter escribió: «Ver policías/militares pateando estudiantes fue algo que me indignó en los 80, en los 90, en los 2000 y también HOY».
